REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO (UNEFA-CIP)
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PÚBLICA
CONVENIO: UNEFA-FONTUR
ENSAYO TEMA I
SIGNIFICADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PROFESOR:
Prof. Alexander Blandín
Análisis de Políticas Públicas
PARTICIPANTE:
Maria Alejandra Salazar N. C. I. V- 11.737.547
Caracas, Febrero 2008
Maria Alejandra Salazar N. C. I. V- 11.737.547
Caracas, Febrero 2008
POLÍTICAS PÚBLICAS
Se entiende como Políticas Públicas un conjunto de acciones de gobierno dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una determinada realidad, en otras palabras, las políticas públicas son el instrumento principal de la actuación gubernamental, dirigida fundamentalmente a la conducción los destinos de un país
Así se tiene que, a los fines de implementar las Políticas Públicas se debe realizar el análisis de las mismas, que consiste en la definición del problema que desencadena la política, no es más que la definición de problema que ha resultado triunfante en el debate público entre distintos actores y sus definiciones de problema.
Desde la perspectiva del análisis de políticas, se considera que la lista de problemas que figuran en la agenda de los poderes públicos no son necesariamente los más graves, sino que cada actor trata de impulsar su punto de vista. Con ello queremos significar, que en muchas oportunidades se agregan a la agenda aquellos que según la visión del tema de los actores intervinientes son las más urgentes, sin considerar cuales son los intereses reales de la colectividad.
El problema estriba en definir e impulsar políticas y medidas que vayan en el sentido deseado y que congreguen el máximo consenso social posible, ampliando los individuos y grupos sociales conscientes del problema, reduciendo y restringiendo la capacidad de maniobra y de alianza de los actores que tratan de mantener el status quo.
Una política necesita una definición de problema más operativa, que de alguna manera indique el camino a recorrer entre la situación de partida no deseada y una situación que, sin ser la óptima (el no problema), sea claramente mejor que la originaria.
En el escenario de las políticas públicas, podríamos afirmar que lo que se termine haciendo o decidiendo no tiene que considerarse muchas veces como la solución racional u óptima, sino simplemente como la definición de problema que ha resultado triunfante en el debate público entre actores y sus definiciones de problema.
Asimismo, se puede evidenciar que comúnmente los responsables de las políticas públicas consideran la etapa de implementación de las políticas como el cierre del proceso, tal apreciación es incorrecta, de hecho al hacerlo estarían omitiendo quizás la etapa más importante, es decir la evaluación de la política. Esta parte del proceso permite detectar fallas en el diseño y en la implementación, las cuales permitirán aplicar los correctivos correspondientes.
De allí que este es problema principal que las Políticas Públicas presentan en nuestro país, toda vez que los actores responsables del diseño e implementación de las mismas, no impulsan su evaluación, promoviendo actividades de control y seguimiento de los programas y proyectos ejecutados, lo que deviene en muchas ocasiones en el fracaso de la política pública implementada.
De allí la importancia, no solo de formular políticas públicas coherentes con las necesidades de la sociedad, sino de su control posterior, ya que éste permitiría determinar que la política aplicada sea la más conveniente a los intereses de la sociedad, planteándose la reformulación de las políticas adoptadas en caso que no lo fuera, afectando a las instituciones públicas para adaptarlas a los nuevos tiempos, a partir del uso de esquemas y modelos ajustados a los fines del Estado y las comunidades.
A título ilustrativo, se puede hacer referencia la Contraloría Social incluida dentro de la Ley de los Concejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5806 (Extraordinaria) de fecha 10 de abril de 2006
El Proyecto impulsado por el Gobierno del actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chavez Frías, desarrollado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, propone como Líneas Generales realizar un cambio estructural profundo, estableciéndose para ello 5 equilibrios fundamentales como son el Económico, Político, Social, Territorial e Internacional.
El equilibrio social se encuentra orientado no solo a corregir las profundas diferencias entre las clases sociales del país, sino también a contribuir a la mayor participación del ciudadano en las políticas publicas del Estado. De allí que, sea necesario consolidar la estabilidad social, desarrollar un nuevo marco jurídico y contribuir al establecimiento de una democracia participativa y protagónica.
En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha consagrados ciertos órganos donde la participación ciudadana es protagónica como son: a nivel municipal los Concejos Locales de Planificación Pública, a nivel Estadal los Concejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y a nivel nacional, el Concejo Federal de Gobierno.
A este respecto, en cumplimiento con los liniamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, fueron creados los Concejos Comunales que son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos. (Ley de los Concejos Comunales, artículo 2).
De igual manera, el artículo 11 de la Ley de los Concejos Comunales consagra la creación de la Contraloría Social que es un órgano conformado por habitantes de la comunidad, electos por la Asamblea de Ciudadanos para realizar la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal.
En este orden de ideas, el diseño de la Política Pública del Estado relativa a la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular, incluye la creación de la Contraloría Social de los Concejos Comunales los cuales, tal como lo expusimos anteriormente, estarían conformados solo por miembros de la misma comunidad quienes están recibiendo los recursos, sin intervención alguna del Estado como garante de la inversión pública efectuada.
Es evidente, que una vez implementada esta Política Pública, y realizada la correspondiente evaluación para medir en que grado se están alcanzando las finalidades deseadas, se evidencia en muchos casos el comportamiento poco ético y responsable de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos procesos, de allí que se hace necesaria la reformulación de esta política, para crear una contraloría social integrada no solo por la ciudadanía sino también por funcionarios públicos responsables de la adecuada implementación de los programas; ya que, éste es el mejor antídoto para enfrentar constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el desarrollo de estos procesos de relación –tan complejos- entre el gobierno y la sociedad civil.
BIBLIOGRAFÍA
Ley de los Concejos Comunales (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.806 (Extraordinaria), Abril 10 el 2006. Disponible: http://www.leyesvenezolanas.com/lv07.htm
Marregot, M. (2007) Alcances de la Planificación Municipal en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales. Ponencia presentada en el Seminario Consejos Comunales, Planificación Municipal y Poder Popular. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Caracas.
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. (2001) Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007, Caracas: Autor.
Wikipedia (2008). {Documento en línea}. Disponible: http://www.wikipedia.com
Se entiende como Políticas Públicas un conjunto de acciones de gobierno dirigidas a mantener, adecuar o cambiar una determinada realidad, en otras palabras, las políticas públicas son el instrumento principal de la actuación gubernamental, dirigida fundamentalmente a la conducción los destinos de un país
Así se tiene que, a los fines de implementar las Políticas Públicas se debe realizar el análisis de las mismas, que consiste en la definición del problema que desencadena la política, no es más que la definición de problema que ha resultado triunfante en el debate público entre distintos actores y sus definiciones de problema.
Desde la perspectiva del análisis de políticas, se considera que la lista de problemas que figuran en la agenda de los poderes públicos no son necesariamente los más graves, sino que cada actor trata de impulsar su punto de vista. Con ello queremos significar, que en muchas oportunidades se agregan a la agenda aquellos que según la visión del tema de los actores intervinientes son las más urgentes, sin considerar cuales son los intereses reales de la colectividad.
El problema estriba en definir e impulsar políticas y medidas que vayan en el sentido deseado y que congreguen el máximo consenso social posible, ampliando los individuos y grupos sociales conscientes del problema, reduciendo y restringiendo la capacidad de maniobra y de alianza de los actores que tratan de mantener el status quo.
Una política necesita una definición de problema más operativa, que de alguna manera indique el camino a recorrer entre la situación de partida no deseada y una situación que, sin ser la óptima (el no problema), sea claramente mejor que la originaria.
En el escenario de las políticas públicas, podríamos afirmar que lo que se termine haciendo o decidiendo no tiene que considerarse muchas veces como la solución racional u óptima, sino simplemente como la definición de problema que ha resultado triunfante en el debate público entre actores y sus definiciones de problema.
Asimismo, se puede evidenciar que comúnmente los responsables de las políticas públicas consideran la etapa de implementación de las políticas como el cierre del proceso, tal apreciación es incorrecta, de hecho al hacerlo estarían omitiendo quizás la etapa más importante, es decir la evaluación de la política. Esta parte del proceso permite detectar fallas en el diseño y en la implementación, las cuales permitirán aplicar los correctivos correspondientes.
De allí que este es problema principal que las Políticas Públicas presentan en nuestro país, toda vez que los actores responsables del diseño e implementación de las mismas, no impulsan su evaluación, promoviendo actividades de control y seguimiento de los programas y proyectos ejecutados, lo que deviene en muchas ocasiones en el fracaso de la política pública implementada.
De allí la importancia, no solo de formular políticas públicas coherentes con las necesidades de la sociedad, sino de su control posterior, ya que éste permitiría determinar que la política aplicada sea la más conveniente a los intereses de la sociedad, planteándose la reformulación de las políticas adoptadas en caso que no lo fuera, afectando a las instituciones públicas para adaptarlas a los nuevos tiempos, a partir del uso de esquemas y modelos ajustados a los fines del Estado y las comunidades.
A título ilustrativo, se puede hacer referencia la Contraloría Social incluida dentro de la Ley de los Concejos Comunales, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5806 (Extraordinaria) de fecha 10 de abril de 2006
El Proyecto impulsado por el Gobierno del actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chavez Frías, desarrollado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, propone como Líneas Generales realizar un cambio estructural profundo, estableciéndose para ello 5 equilibrios fundamentales como son el Económico, Político, Social, Territorial e Internacional.
El equilibrio social se encuentra orientado no solo a corregir las profundas diferencias entre las clases sociales del país, sino también a contribuir a la mayor participación del ciudadano en las políticas publicas del Estado. De allí que, sea necesario consolidar la estabilidad social, desarrollar un nuevo marco jurídico y contribuir al establecimiento de una democracia participativa y protagónica.
En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha consagrados ciertos órganos donde la participación ciudadana es protagónica como son: a nivel municipal los Concejos Locales de Planificación Pública, a nivel Estadal los Concejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y a nivel nacional, el Concejo Federal de Gobierno.
A este respecto, en cumplimiento con los liniamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, fueron creados los Concejos Comunales que son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos. (Ley de los Concejos Comunales, artículo 2).
De igual manera, el artículo 11 de la Ley de los Concejos Comunales consagra la creación de la Contraloría Social que es un órgano conformado por habitantes de la comunidad, electos por la Asamblea de Ciudadanos para realizar la fiscalización, control y supervisión del manejo de los recursos asignados, recibidos o generados por el consejo comunal.
En este orden de ideas, el diseño de la Política Pública del Estado relativa a la construcción de un nuevo modelo democrático de participación popular, incluye la creación de la Contraloría Social de los Concejos Comunales los cuales, tal como lo expusimos anteriormente, estarían conformados solo por miembros de la misma comunidad quienes están recibiendo los recursos, sin intervención alguna del Estado como garante de la inversión pública efectuada.
Es evidente, que una vez implementada esta Política Pública, y realizada la correspondiente evaluación para medir en que grado se están alcanzando las finalidades deseadas, se evidencia en muchos casos el comportamiento poco ético y responsable de los voceros y representantes comunitarios vinculados a estos procesos, de allí que se hace necesaria la reformulación de esta política, para crear una contraloría social integrada no solo por la ciudadanía sino también por funcionarios públicos responsables de la adecuada implementación de los programas; ya que, éste es el mejor antídoto para enfrentar constructivamente y con éxito las desviaciones que suelen presentarse en el desarrollo de estos procesos de relación –tan complejos- entre el gobierno y la sociedad civil.
BIBLIOGRAFÍA
Ley de los Concejos Comunales (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.806 (Extraordinaria), Abril 10 el 2006. Disponible: http://www.leyesvenezolanas.com/lv07.htm
Marregot, M. (2007) Alcances de la Planificación Municipal en el Marco de las Competencias de los Consejos Comunales. Ponencia presentada en el Seminario Consejos Comunales, Planificación Municipal y Poder Popular. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Caracas.
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. (2001) Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007, Caracas: Autor.
Wikipedia (2008). {Documento en línea}. Disponible: http://www.wikipedia.com
1 comentario:
Buenos Dias. Maria Alejandra.
Ante todo saludo, le confirmo que revise su ensayo sobre el Tema N° 1en el blogg.
Saludos, Prof. A. Blandín.
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