REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LAS FUERZA ARMADA
DEPARTAMENTO DE POSTGRADO
CONVENIO UNEFA - FONTUR
ENSAYO V
GOBIERNO, ESTADO Y NACION.
WALTHER O. KNAUSEL G. C.I. 9.416.153
CARACAS, 26 DE MARZO DE 2008
INTRODUCCION
Hay tres conceptos de la política, Estado, gobierno y nación, imprescindibles para entender la estructura de las instituciones políticas de nuestro tiempo, que a veces se mezclan y confunden. Sobre todo, la confusión se produce entre los conceptos de Estado y gobierno.
Esto se debe, en parte, a que se tiende a confundir el poder ejecutivo con todo el Estado, y también a la influencia anglosajona y al sentido del concepto de Government con el que los anglosajones se refieren tanto a la política en general como al Estado en el sentido con el que este concepto es utilizado en la Europa continental.
En términos generales, y siguiendo con el esquema de las interrelaciones entre Estado y sociedad, podemos decir que Estado y gobierno se sitúan en el plano de las instituciones políticas, del Estado, mientras que la nación se sitúa en el plano de la sociedad, de las gentes, y de sus valores y sentimientos.
A partir de esta diferenciación general, es preciso establecer, en primer lugar, que el gobierno es una parte del Estado, y que el Estado es un concepto más amplio que engloba a los poderes, ejecutivo, así como a la administración pública y al ejército.
El gobierno constituye uno de los poderes del Estado, el poder ejecutivo. En la práctica, el gobierno constituye el poder central, el que tiene preeminencia sobre los demás en los sistemas democráticos actuales. Si bien la relación de fuerzas y la estructura de relaciones entre legislativo y ejecutivo varía en los distintos modelos de democracia, y no es lo mismo la democracia mayoritaria o la democracia de consenso, como no es lo mismo el sistema presidencialista y el mayoritario, la tónica general de todos los sistemas democráticos apunta hacia la preeminencia del ejecutivo sobre el legislativo. Y ello lleva en ocasiones a la confusión entre el poder político en su conjunto y el poder ejecutivo en particular. Pero el poder ejecutivo, el gobierno, constituye tan sólo una de las piezas que componen el Estado.
Su condición de parte del Estado, aunque sea una parte especialmente poderosa, queda de manifiesto cuando el poder ejecutivo entra en conflicto con otros poderes. Ese conflicto se produce en ocasiones con el parlamento, no sólo en los sistemas presidencialistas en los que el parlamento puede estar compuesto por una mayoría correspondiente a un partido diferente al del presidente, sino también en sistemas parlamentarios cuando el gobierno se ha formado sobre la base de una mayoría inestable que en un momento dado se rompe. Pero quizá es aún más interesante para nuestro propósito observar la contraposición entre gobierno y poder judicial que suele dejar aún en mayor evidencia la condición del gobierno de pieza del Estado sometida al control de los demás elementos del Estado. Numerosos casos de corrupción en los países democráticos han colocado a los gobiernos o a sus representantes bajo el escrutinio de los jueces y han mostrado los límites del poder de los gobiernos en el más amplio marco del poder del Estado.
El gobierno, en cualquier caso, se sitúa en la esfera más amplia del Estado, mientras que la nación se sitúa en la esfera de la sociedad. La nación se refiere a las gentes, a los ciudadanos, a la sociedad civil. La nación es el conjunto de ciudadanos que elige, configura y controla la esfera política, es decir, el Estado y también el gobierno. La nación es también el conjunto de ciudadanos que acata las órdenes de la esfera política. Pero la nación es también el sentimiento de pertenencia a una cultura, a una historia, a un pueblo particular.
Se trata de dos concepciones muy diferentes de la nación que tan sólo tienen en común su procedencia de la sociedad civil y su desarrollo en el seno de la sociedad civil. Los Estados y los gobiernos apelan a la nación, a los ciudadanos, en nombre de los cuales actúan o pretenden actuar, y las naciones o los ciudadanos contribuyen a dar una forma determinada a los gobiernos y a los Estados, con sus acciones y sus reacciones. Estado, gobierno y nación constituyen elementos centrales de lo político, los dos primeros desde el plano de las instituciones donde está depositado el poder político, y, el tercer concepto, la nación, desde la ciudadanía que controla en los sistemas democráticos ese poder político.
Los tres conceptos están permanentemente presentes en el análisis de la Ciencia Política, y es por eso necesaria su clara diferenciación.
DESARROLLO
EL ESTADO
Los ciudadanos se refieren constantemente al Estado, pero no todos tienen claro el sentido de este término. Se trata de un concepto común, por su uso generalizado, por su centralidad para explicar y definir la política en nuestras sociedades, y, sin embargo, en su uso práctico más parece una abstracción que nos remite al poder, a algún poder, pero poco nos dice de las instituciones y de las formas en que se ejerce ese poder.
En la acepción más común de Estado entre los ciudadanos de las democracias, destaca el elemento de poder, y ese concepto de poder, a su vez, se presenta con tres diferentes sentidos.
En primer lugar, como un poder lejano, ajeno a las capacidades de influencia de los ciudadanos, y en manos de élites que nada tienen que ver con el ciudadano de la calle. Quizá una de las plasmaciones de ese concepto de Estado es que los ciudadanos tienden a olvidar que, por ejemplo, el poder político municipal es también un poder que está dentro del Estado, o que la sanidad pública o el sistema de educación públicos son también parte de ese poder del Estado y de su ejercicio.
En segundo lugar, los ciudadanos tienden a identificar al Estado con el poder que está en el origen de sus males como individuos. Dadas las enormes competencias de los Estados en los sistemas políticos actuales y la enorme expansión del Estado del Bienestar, los ciudadanos tienden a considerar al Estado responsable de las circunstancias que rodean sus vidas, fundamentalmente cuando esas circunstancias son negativas. En este segundo concepto, el poder del Estado es abusivo, dañino, y responsable de los males de la sociedad.
En tercer lugar, además, se considera al poder del Estado como responsable ante todo tipo de demandas ciudadanas. Fundamentalmente en los países europeos, y no tanto en Estados Unidos, donde el valor del individualismo y de la responsabilidad individual es mucho más fuerte, las demandas de los ciudadanos no se dirigen a otros ciudadanos o a otras instituciones; se dirigen al Estado, y se espera y se piensa que es el Estado el responsable de dar respuesta a esas demandas.
El Estado posee el monopolio de la violencia física legítima, pero, además, en las sociedades desarrolladas, el Estado se caracteriza crecientemente por su papel de árbitro que encauza los conflictos que se producen en la sociedad. Además, el Estado actúa de organizador supremo de la sociedad en todas sus esferas, política, social, económica y cultural. Es importante destacar estas dos características, integradora y organizativa, ya que ambas constituyen también rasgos peculiares del Estado frente a otras instituciones.
EL GOBIERNO
Si el Estado es el conjunto de las instituciones entre las que se reparte el poder político controlado por los ciudadanos en las democracias, el gobierno se identifica con uno de los poderes del Estado, el llamado poder ejecutivo. Ahora bien, es cierto que al gobierno corresponde un papel central, el de supremo conductor o director del Estado. Si bien sometido a los controles de otras instituciones del Estado, al gobierno se atribuye el papel de líder y poder principal del Estado.
Respecto a las funciones concretas de los gobiernos, Hague, Harrop y Breslin han distinguido cinco funciones principales:
1) ejercer la dirección general de la política nacional.
2) supervisar la implementación de las políticas públicas.
3) movilizar el consenso y el apoyo para el éxito de esas políticas.
4) asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo, simbolizando la unidad del Estado- nación.
5) ejercer el liderazgo en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de poderes efectivos en situaciones de emergencia.
Si bien la definición de las funciones del gobierno es relativamente sencilla, no lo es tanto la delimitación de su composición. El gobierno está formado, en primer término, por el jefe de gobierno y por los ministros. Pero no parece tan claro cuáles son las demás posiciones nombradas por el gobierno que también entrarían dentro del ámbito de ese gobierno. En España, por ejemplo, el gobierno nombra a los secretarios de Estado, a los subsecretarios, los secretarios generales y los directores generales. Un concepto estricto de gobierno incluiría tan sólo al jefe del gobierno y a los ministros y un concepto más amplio debería incluir también a los altos cargos de la administración nombrados directamente por el gobierno.
Las funciones de los gobiernos son similares en todos los sistemas democráticos. Ahora bien, la estructura de esos gobiernos, y, por lo tanto, la forma en que se ejercen y se reparten las responsabilidades de gobierno, varía sustancialmente entre unos sistemas y otros. Esas diferencias han dado lugar a la distinción fundamental de dos tipos de sistemas, parlamentarios y presidencialistas, a los que se añade un tercer tipo de sistema sobre cuyas peculiaridades se han planteado más dudas, el semipresidencialismo.
El sistema parlamentario ha sido definido como la forma de democracia constitucional en la que la potestad ejecutiva proviene de la legislativa, y es responsable ante ella. En el sistema parlamentario, el jefe del ejecutivo y su gabinete son responsables ante el legislativo, es decir, dependen de su confianza y su mandato puede ser revocado por una moción de censura. En cambio, el jefe del ejecutivo o presidente en los sistemas presidencialistas es elegido por un periodo constitucionalmente prescrito, y en circunstancias normales no puede ser obligado a dimitir por una moción de censura. La segunda diferencia significativa entre ambos sistemas es que los presidentes son elegidos por votación popular y que los primeros ministros son elegidos por el legislativo. En tercer lugar, mientras que en los gobiernos parlamentarios los miembros del gabinete pueden ser, a su vez, miembros del legislativo, en los sistemas presidencialistas la independencia de los poderes ejecutivo y legislativo da lugar a que la misma persona no pueda desempeñar a la vez un cargo en ambos poderes. En cuarto lugar, de la misma forma que en los sistemas parlamentarios el legislativo puede destituir al gabinete, el primer ministro puede disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones; en los sistemas presidencialistas, en cambio, la incapacidad del legislativo para destituir al presidente se corresponde con la imposibilidad de éste de disolver el legislativo.
Otro rasgo común a los sistemas parlamentarios que los diferencia de los sistemas presidencialistas es que los sistemas parlamentarios tienen ejecutivos separados, es decir, éstos se componen, por un lado, de un jefe de Estado, presidente o monarca, que tiene poco poder, y, por otro lado, de un primer ministro o jefe de gobierno que está a la cabeza del gobierno y que junto a sus ministros dispone de la mayor parte del poder ejecutivo. En los sistemas presidencialistas, por su parte, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de gobierno.
Por último, hay que destacar también que en los sistemas parlamentarios el poder recae en un jefe de gobierno y en sus ministros, por lo que tiene un carácter colectivo, mientras que en los sistemas presidencialistas recae exclusivamente en un único individuo, el presidente. No obstante, y si bien esta diferencia sigue siendo válida, la creciente importancia del liderazgo en las democracias desarrolladas, y el papel de los partidos políticos, está dando lugar también en los sistemas parlamentarios a una creciente importancia del papel del jefe del gobierno que, en bastantes casos, tiende a dejar en un segundo plano el poder de los miembros de su gabinete.
Junto a los sistemas parlamentario y presidencialista, cabe hablar de una tercera forma mixta que se encuentra a medio camino entre las otras dos. Se trata del semipresidencialismo. El semipresidencialismo tiene en común con el presidencialismo que en ambos casos el presidente es elegido popularmente. Ahora bien, a continuación, ambos sistemas se diferencian claramente, porque en el semipresidencialismo el presidente comparte su poder con un primer ministro.
La mayor parte de las democracias consolidadas han adoptado, sin embargo, el sistema parlamentario. Es éste el caso del sistema español que, como bastantes países europeos, lo ha adoptado bajo la forma de una monarquía parlamentaria. En España, la dualidad del ejecutivo, propia de los sistemas parlamentarios, se refleja en la existencia de un jefe del Estado, el Rey, Juan Carlos de Borbón, y un presidente de gobierno, José María Aznar, desde las elecciones generales de 1996 en las que ganara el Partido Popular, y nuevamente desde las elecciones generales de 2000 en las que volvió a imponerse el Partido Popular. De la misma forma que en otras monarquías parlamentarias europeas, el poder del monarca es muy limitado y se reduce en la práctica a funciones simbólicas y de representación.
En términos formales, las funciones que ejerce el monarca son numerosas e importantes ya que son atributos del monarca la sanción y promulgación de las leyes, la convocatoria y disolución de las Cortes, el nombramiento del presidente del gobierno y de los ministros, la presidencia de algunos consejos de ministros y el mando supremo de las fuerzas armadas.
Ahora bien, el monarca ejerce estas funciones a partir de las decisiones previas de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, el Rey refrenda con su aprobación las decisiones previamente tomadas en otras instancias. No por ello cabe minusvalorar el papel de la monarquía en el sistema político español, ya que su función simbólica se ha mostrado en el contexto de la transición y de la consolidación democrática española como especialmente importante. La figura del monarca ha cumplido un papel en el fortalecimiento del consenso alrededor del sistema democrático de una sociedad española que llegó a la democracia con las heridas de la guerra civil aún abiertas dadas las características de la larga dictadura franquista.
La relación que se establece, por otra parte, con el legislativo es de clara preeminencia del ejecutivo. El presidente de gobierno es nombrado por el Rey tras haber sido elegido por una mayoría absoluta del Congreso de Diputados en una primera vuelta o por una mayoría relativa en la segunda vuelta. Por otra parte, el legislativo puede destituir al presidente de gobierno pero a través de la figura de moción de censura constructiva, pero, en la práctica, los requisitos que encierra hacen muy difícil su aplicación efectiva.
LA NACIÓN
Si cuando hablamos del Estado o del gobierno nos situamos en el plano de las instituciones políticas donde se concentra el poder, cuando hablamos de la nación, sin embargo, nos situamos en el plano de los ciudadanos, o del pueblo. Y no sólo del pueblo como origen del poder político, sino del pueblo como conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes. La enorme importancia de la ideología nacionalista en nuestro tiempo y la confusión existente entre los diversos usos del concepto de nación en las democracias hacen necesario abordar la clarificación de los significados de la nación.
Cabe destacar, en primer lugar, que el concepto de nación es muy reciente. Eric Hobsbawm nos llama la atención sobre la juventud del concepto de nación y sobre el origen actual del significado de este concepto. Dado que Castilla fue uno de los primeros reinos europeos a los que se puede catalogar de nación- Estado, Hobsbawm analiza el Diccionario de la Real Academia Española y observa que antes de 1884 la palabra nación significa tan sólo el agregado de habitantes de una provincia, un país o un reino. Es en 1884 cuando en el citado Diccionario nación significa el conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno.
Por lo tanto, el primer significado de la nación era político. El concepto de nación que se desarrolló en las revoluciones americana y francesa es un concepto de nación política que se refiere al conjunto de ciudadanos de cuya soberanía colectiva surge el Estado, que es su expresión política. Este concepto, además, ligaba la nación al territorio, pero, no había una conexión lógica entre el cuerpo de ciudadanos de un Estado territorial y la identificación de una nación sobre bases étnicas o lingüísticas.
A pesar de la trascendencia de las revoluciones americana y francesa, sin embargo, otro concepto de nación se desarrollará con inusitada fuerza en el siglo XIX. Se trata del concepto de lo que se ha llamado nación cultural y que se articulará teóricamente sobre todo en Alemania. Andrés de Blas ha definido de la siguiente forma el concepto de nación cultural: «Es la singularidad cultural de una colectividad, el "espíritu del pueblo", el responsable de la creación de la nación. Lejos de ser ésta el resultado de complejos factores histórico- políticos y de la acción estatal, la nación debe constituirse en el criterio legítimo para delimitar las organizaciones políticas. Entre otras razones, porque se cree
indispensable el disfrute de un Estado propio como garantía de lo que pasa a convertirse en un valor superior de la colectividad: la personalidad diferenciada del pueblo.» «El protagonista en este nuevo concepto de nación, añade Andrés de Blas, es la etnia, y dos derechos de la nación no son los que se derivan de los ciudadanos que la integran, sino que se deducen del organismo "vivo y eterno" que es la nación de base cultural».
Ambos conceptos de nación mantienen su significado hasta la actualidad y siguen siendo útiles para entender el doble concepto de nación en los sistemas políticos del presente.
Estado y nación no son la misma cosa, y la supervivencia o el éxito del Estado depende en buena medida de la fortaleza de la nación, o de la inexistencia de conflictos alrededor del concepto de nación que sustenta a ese Estado. La legitimidad de los Estados democráticos no depende Únicamente de la aceptación de la democracia o de la idea de que ese sistema es el mejor de los posibles. Depende también del consenso alrededor del Estado o nación política que agrupa a todos los ciudadanos y del consenso sobre la lealtad a ese Estado.
CONCLUSIONES
En Conclusión podemos decir que el estado es la organización política de un pueblo en el interior de un territorio limitado por fronteras que se caracteriza frente a otras instituciones por poseer el monopolio de la violencia física legítima, por dirigir y organizar el funcionamiento de la sociedad en todas sus esferas y por asumir el papel de regulador de las relaciones y en causador de los conflictos de la sociedad.
El Gobierno se identifica con uno de los poderes del Estado y es llamado El Poder Ejecutivo.
La Nacion se define como conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes.
Hay tres conceptos de la política, Estado, gobierno y nación, imprescindibles para entender la estructura de las instituciones políticas de nuestro tiempo, que a veces se mezclan y confunden. Sobre todo, la confusión se produce entre los conceptos de Estado y gobierno.
Esto se debe, en parte, a que se tiende a confundir el poder ejecutivo con todo el Estado, y también a la influencia anglosajona y al sentido del concepto de Government con el que los anglosajones se refieren tanto a la política en general como al Estado en el sentido con el que este concepto es utilizado en la Europa continental.
En términos generales, y siguiendo con el esquema de las interrelaciones entre Estado y sociedad, podemos decir que Estado y gobierno se sitúan en el plano de las instituciones políticas, del Estado, mientras que la nación se sitúa en el plano de la sociedad, de las gentes, y de sus valores y sentimientos.
A partir de esta diferenciación general, es preciso establecer, en primer lugar, que el gobierno es una parte del Estado, y que el Estado es un concepto más amplio que engloba a los poderes, ejecutivo, así como a la administración pública y al ejército.
El gobierno constituye uno de los poderes del Estado, el poder ejecutivo. En la práctica, el gobierno constituye el poder central, el que tiene preeminencia sobre los demás en los sistemas democráticos actuales. Si bien la relación de fuerzas y la estructura de relaciones entre legislativo y ejecutivo varía en los distintos modelos de democracia, y no es lo mismo la democracia mayoritaria o la democracia de consenso, como no es lo mismo el sistema presidencialista y el mayoritario, la tónica general de todos los sistemas democráticos apunta hacia la preeminencia del ejecutivo sobre el legislativo. Y ello lleva en ocasiones a la confusión entre el poder político en su conjunto y el poder ejecutivo en particular. Pero el poder ejecutivo, el gobierno, constituye tan sólo una de las piezas que componen el Estado.
Su condición de parte del Estado, aunque sea una parte especialmente poderosa, queda de manifiesto cuando el poder ejecutivo entra en conflicto con otros poderes. Ese conflicto se produce en ocasiones con el parlamento, no sólo en los sistemas presidencialistas en los que el parlamento puede estar compuesto por una mayoría correspondiente a un partido diferente al del presidente, sino también en sistemas parlamentarios cuando el gobierno se ha formado sobre la base de una mayoría inestable que en un momento dado se rompe. Pero quizá es aún más interesante para nuestro propósito observar la contraposición entre gobierno y poder judicial que suele dejar aún en mayor evidencia la condición del gobierno de pieza del Estado sometida al control de los demás elementos del Estado. Numerosos casos de corrupción en los países democráticos han colocado a los gobiernos o a sus representantes bajo el escrutinio de los jueces y han mostrado los límites del poder de los gobiernos en el más amplio marco del poder del Estado.
El gobierno, en cualquier caso, se sitúa en la esfera más amplia del Estado, mientras que la nación se sitúa en la esfera de la sociedad. La nación se refiere a las gentes, a los ciudadanos, a la sociedad civil. La nación es el conjunto de ciudadanos que elige, configura y controla la esfera política, es decir, el Estado y también el gobierno. La nación es también el conjunto de ciudadanos que acata las órdenes de la esfera política. Pero la nación es también el sentimiento de pertenencia a una cultura, a una historia, a un pueblo particular.
Se trata de dos concepciones muy diferentes de la nación que tan sólo tienen en común su procedencia de la sociedad civil y su desarrollo en el seno de la sociedad civil. Los Estados y los gobiernos apelan a la nación, a los ciudadanos, en nombre de los cuales actúan o pretenden actuar, y las naciones o los ciudadanos contribuyen a dar una forma determinada a los gobiernos y a los Estados, con sus acciones y sus reacciones. Estado, gobierno y nación constituyen elementos centrales de lo político, los dos primeros desde el plano de las instituciones donde está depositado el poder político, y, el tercer concepto, la nación, desde la ciudadanía que controla en los sistemas democráticos ese poder político.
Los tres conceptos están permanentemente presentes en el análisis de la Ciencia Política, y es por eso necesaria su clara diferenciación.
DESARROLLO
EL ESTADO
Los ciudadanos se refieren constantemente al Estado, pero no todos tienen claro el sentido de este término. Se trata de un concepto común, por su uso generalizado, por su centralidad para explicar y definir la política en nuestras sociedades, y, sin embargo, en su uso práctico más parece una abstracción que nos remite al poder, a algún poder, pero poco nos dice de las instituciones y de las formas en que se ejerce ese poder.
En la acepción más común de Estado entre los ciudadanos de las democracias, destaca el elemento de poder, y ese concepto de poder, a su vez, se presenta con tres diferentes sentidos.
En primer lugar, como un poder lejano, ajeno a las capacidades de influencia de los ciudadanos, y en manos de élites que nada tienen que ver con el ciudadano de la calle. Quizá una de las plasmaciones de ese concepto de Estado es que los ciudadanos tienden a olvidar que, por ejemplo, el poder político municipal es también un poder que está dentro del Estado, o que la sanidad pública o el sistema de educación públicos son también parte de ese poder del Estado y de su ejercicio.
En segundo lugar, los ciudadanos tienden a identificar al Estado con el poder que está en el origen de sus males como individuos. Dadas las enormes competencias de los Estados en los sistemas políticos actuales y la enorme expansión del Estado del Bienestar, los ciudadanos tienden a considerar al Estado responsable de las circunstancias que rodean sus vidas, fundamentalmente cuando esas circunstancias son negativas. En este segundo concepto, el poder del Estado es abusivo, dañino, y responsable de los males de la sociedad.
En tercer lugar, además, se considera al poder del Estado como responsable ante todo tipo de demandas ciudadanas. Fundamentalmente en los países europeos, y no tanto en Estados Unidos, donde el valor del individualismo y de la responsabilidad individual es mucho más fuerte, las demandas de los ciudadanos no se dirigen a otros ciudadanos o a otras instituciones; se dirigen al Estado, y se espera y se piensa que es el Estado el responsable de dar respuesta a esas demandas.
El Estado posee el monopolio de la violencia física legítima, pero, además, en las sociedades desarrolladas, el Estado se caracteriza crecientemente por su papel de árbitro que encauza los conflictos que se producen en la sociedad. Además, el Estado actúa de organizador supremo de la sociedad en todas sus esferas, política, social, económica y cultural. Es importante destacar estas dos características, integradora y organizativa, ya que ambas constituyen también rasgos peculiares del Estado frente a otras instituciones.
EL GOBIERNO
Si el Estado es el conjunto de las instituciones entre las que se reparte el poder político controlado por los ciudadanos en las democracias, el gobierno se identifica con uno de los poderes del Estado, el llamado poder ejecutivo. Ahora bien, es cierto que al gobierno corresponde un papel central, el de supremo conductor o director del Estado. Si bien sometido a los controles de otras instituciones del Estado, al gobierno se atribuye el papel de líder y poder principal del Estado.
Respecto a las funciones concretas de los gobiernos, Hague, Harrop y Breslin han distinguido cinco funciones principales:
1) ejercer la dirección general de la política nacional.
2) supervisar la implementación de las políticas públicas.
3) movilizar el consenso y el apoyo para el éxito de esas políticas.
4) asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo, simbolizando la unidad del Estado- nación.
5) ejercer el liderazgo en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de poderes efectivos en situaciones de emergencia.
Si bien la definición de las funciones del gobierno es relativamente sencilla, no lo es tanto la delimitación de su composición. El gobierno está formado, en primer término, por el jefe de gobierno y por los ministros. Pero no parece tan claro cuáles son las demás posiciones nombradas por el gobierno que también entrarían dentro del ámbito de ese gobierno. En España, por ejemplo, el gobierno nombra a los secretarios de Estado, a los subsecretarios, los secretarios generales y los directores generales. Un concepto estricto de gobierno incluiría tan sólo al jefe del gobierno y a los ministros y un concepto más amplio debería incluir también a los altos cargos de la administración nombrados directamente por el gobierno.
Las funciones de los gobiernos son similares en todos los sistemas democráticos. Ahora bien, la estructura de esos gobiernos, y, por lo tanto, la forma en que se ejercen y se reparten las responsabilidades de gobierno, varía sustancialmente entre unos sistemas y otros. Esas diferencias han dado lugar a la distinción fundamental de dos tipos de sistemas, parlamentarios y presidencialistas, a los que se añade un tercer tipo de sistema sobre cuyas peculiaridades se han planteado más dudas, el semipresidencialismo.
El sistema parlamentario ha sido definido como la forma de democracia constitucional en la que la potestad ejecutiva proviene de la legislativa, y es responsable ante ella. En el sistema parlamentario, el jefe del ejecutivo y su gabinete son responsables ante el legislativo, es decir, dependen de su confianza y su mandato puede ser revocado por una moción de censura. En cambio, el jefe del ejecutivo o presidente en los sistemas presidencialistas es elegido por un periodo constitucionalmente prescrito, y en circunstancias normales no puede ser obligado a dimitir por una moción de censura. La segunda diferencia significativa entre ambos sistemas es que los presidentes son elegidos por votación popular y que los primeros ministros son elegidos por el legislativo. En tercer lugar, mientras que en los gobiernos parlamentarios los miembros del gabinete pueden ser, a su vez, miembros del legislativo, en los sistemas presidencialistas la independencia de los poderes ejecutivo y legislativo da lugar a que la misma persona no pueda desempeñar a la vez un cargo en ambos poderes. En cuarto lugar, de la misma forma que en los sistemas parlamentarios el legislativo puede destituir al gabinete, el primer ministro puede disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones; en los sistemas presidencialistas, en cambio, la incapacidad del legislativo para destituir al presidente se corresponde con la imposibilidad de éste de disolver el legislativo.
Otro rasgo común a los sistemas parlamentarios que los diferencia de los sistemas presidencialistas es que los sistemas parlamentarios tienen ejecutivos separados, es decir, éstos se componen, por un lado, de un jefe de Estado, presidente o monarca, que tiene poco poder, y, por otro lado, de un primer ministro o jefe de gobierno que está a la cabeza del gobierno y que junto a sus ministros dispone de la mayor parte del poder ejecutivo. En los sistemas presidencialistas, por su parte, el presidente es al mismo tiempo jefe de Estado y de gobierno.
Por último, hay que destacar también que en los sistemas parlamentarios el poder recae en un jefe de gobierno y en sus ministros, por lo que tiene un carácter colectivo, mientras que en los sistemas presidencialistas recae exclusivamente en un único individuo, el presidente. No obstante, y si bien esta diferencia sigue siendo válida, la creciente importancia del liderazgo en las democracias desarrolladas, y el papel de los partidos políticos, está dando lugar también en los sistemas parlamentarios a una creciente importancia del papel del jefe del gobierno que, en bastantes casos, tiende a dejar en un segundo plano el poder de los miembros de su gabinete.
Junto a los sistemas parlamentario y presidencialista, cabe hablar de una tercera forma mixta que se encuentra a medio camino entre las otras dos. Se trata del semipresidencialismo. El semipresidencialismo tiene en común con el presidencialismo que en ambos casos el presidente es elegido popularmente. Ahora bien, a continuación, ambos sistemas se diferencian claramente, porque en el semipresidencialismo el presidente comparte su poder con un primer ministro.
La mayor parte de las democracias consolidadas han adoptado, sin embargo, el sistema parlamentario. Es éste el caso del sistema español que, como bastantes países europeos, lo ha adoptado bajo la forma de una monarquía parlamentaria. En España, la dualidad del ejecutivo, propia de los sistemas parlamentarios, se refleja en la existencia de un jefe del Estado, el Rey, Juan Carlos de Borbón, y un presidente de gobierno, José María Aznar, desde las elecciones generales de 1996 en las que ganara el Partido Popular, y nuevamente desde las elecciones generales de 2000 en las que volvió a imponerse el Partido Popular. De la misma forma que en otras monarquías parlamentarias europeas, el poder del monarca es muy limitado y se reduce en la práctica a funciones simbólicas y de representación.
En términos formales, las funciones que ejerce el monarca son numerosas e importantes ya que son atributos del monarca la sanción y promulgación de las leyes, la convocatoria y disolución de las Cortes, el nombramiento del presidente del gobierno y de los ministros, la presidencia de algunos consejos de ministros y el mando supremo de las fuerzas armadas.
Ahora bien, el monarca ejerce estas funciones a partir de las decisiones previas de los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, el Rey refrenda con su aprobación las decisiones previamente tomadas en otras instancias. No por ello cabe minusvalorar el papel de la monarquía en el sistema político español, ya que su función simbólica se ha mostrado en el contexto de la transición y de la consolidación democrática española como especialmente importante. La figura del monarca ha cumplido un papel en el fortalecimiento del consenso alrededor del sistema democrático de una sociedad española que llegó a la democracia con las heridas de la guerra civil aún abiertas dadas las características de la larga dictadura franquista.
La relación que se establece, por otra parte, con el legislativo es de clara preeminencia del ejecutivo. El presidente de gobierno es nombrado por el Rey tras haber sido elegido por una mayoría absoluta del Congreso de Diputados en una primera vuelta o por una mayoría relativa en la segunda vuelta. Por otra parte, el legislativo puede destituir al presidente de gobierno pero a través de la figura de moción de censura constructiva, pero, en la práctica, los requisitos que encierra hacen muy difícil su aplicación efectiva.
LA NACIÓN
Si cuando hablamos del Estado o del gobierno nos situamos en el plano de las instituciones políticas donde se concentra el poder, cuando hablamos de la nación, sin embargo, nos situamos en el plano de los ciudadanos, o del pueblo. Y no sólo del pueblo como origen del poder político, sino del pueblo como conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes. La enorme importancia de la ideología nacionalista en nuestro tiempo y la confusión existente entre los diversos usos del concepto de nación en las democracias hacen necesario abordar la clarificación de los significados de la nación.
Cabe destacar, en primer lugar, que el concepto de nación es muy reciente. Eric Hobsbawm nos llama la atención sobre la juventud del concepto de nación y sobre el origen actual del significado de este concepto. Dado que Castilla fue uno de los primeros reinos europeos a los que se puede catalogar de nación- Estado, Hobsbawm analiza el Diccionario de la Real Academia Española y observa que antes de 1884 la palabra nación significa tan sólo el agregado de habitantes de una provincia, un país o un reino. Es en 1884 cuando en el citado Diccionario nación significa el conjunto de habitantes de un país regido por un mismo gobierno.
Por lo tanto, el primer significado de la nación era político. El concepto de nación que se desarrolló en las revoluciones americana y francesa es un concepto de nación política que se refiere al conjunto de ciudadanos de cuya soberanía colectiva surge el Estado, que es su expresión política. Este concepto, además, ligaba la nación al territorio, pero, no había una conexión lógica entre el cuerpo de ciudadanos de un Estado territorial y la identificación de una nación sobre bases étnicas o lingüísticas.
A pesar de la trascendencia de las revoluciones americana y francesa, sin embargo, otro concepto de nación se desarrollará con inusitada fuerza en el siglo XIX. Se trata del concepto de lo que se ha llamado nación cultural y que se articulará teóricamente sobre todo en Alemania. Andrés de Blas ha definido de la siguiente forma el concepto de nación cultural: «Es la singularidad cultural de una colectividad, el "espíritu del pueblo", el responsable de la creación de la nación. Lejos de ser ésta el resultado de complejos factores histórico- políticos y de la acción estatal, la nación debe constituirse en el criterio legítimo para delimitar las organizaciones políticas. Entre otras razones, porque se cree
indispensable el disfrute de un Estado propio como garantía de lo que pasa a convertirse en un valor superior de la colectividad: la personalidad diferenciada del pueblo.» «El protagonista en este nuevo concepto de nación, añade Andrés de Blas, es la etnia, y dos derechos de la nación no son los que se derivan de los ciudadanos que la integran, sino que se deducen del organismo "vivo y eterno" que es la nación de base cultural».
Ambos conceptos de nación mantienen su significado hasta la actualidad y siguen siendo útiles para entender el doble concepto de nación en los sistemas políticos del presente.
Estado y nación no son la misma cosa, y la supervivencia o el éxito del Estado depende en buena medida de la fortaleza de la nación, o de la inexistencia de conflictos alrededor del concepto de nación que sustenta a ese Estado. La legitimidad de los Estados democráticos no depende Únicamente de la aceptación de la democracia o de la idea de que ese sistema es el mejor de los posibles. Depende también del consenso alrededor del Estado o nación política que agrupa a todos los ciudadanos y del consenso sobre la lealtad a ese Estado.
CONCLUSIONES
En Conclusión podemos decir que el estado es la organización política de un pueblo en el interior de un territorio limitado por fronteras que se caracteriza frente a otras instituciones por poseer el monopolio de la violencia física legítima, por dirigir y organizar el funcionamiento de la sociedad en todas sus esferas y por asumir el papel de regulador de las relaciones y en causador de los conflictos de la sociedad.
El Gobierno se identifica con uno de los poderes del Estado y es llamado El Poder Ejecutivo.
La Nacion se define como conjunto de individuos unidos por unos rasgos y sentimientos comunes.
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