jueves, 27 de marzo de 2008

ENSAYO Nª 5

Las políticas públicas, son el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales.

De hecho, el gobierno como entidad administradora de los recursos y proveedora del orden y de la seguridad del conjunto de la sociedad, está obligado a atender y resolver los problemas públicos de la misma y, en consecuencia, a llevar a cabo el proceso de diseño, elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas que sean necesarias para tal fin.
El concepto y valorización de lo Público ha sido sistemáticamente un asunto medular para todas las sociedades cuya formación de sus estados nacionales fueron acompañadas por una cultura de libertades civiles y políticas individuales.

Mientras que lo público se sustenta en la tradición política occidental clásica y moderna ilustrada, que destaca prioritariamente los valores de la suma de acciones de individuos libres e informados, en contra de cualquier tipo de política que se superponga a las libertades personales; lo privado, enfatiza las relaciones de intercambios libres entre individuos, con la finalidad de lograr utilidades de beneficio personal y no colectivo.

Por lo que respecta a las políticas entendidas como estrategias encaminadas a una finalidad determinada, que comúnmente es la resolución de problemas, Aguilar Villanueva menciona que, "Una política puede ser aquí una regulación, ahí una distribución de diversos tipos de recursos (incentivos o subsidios, en efectivo o en especie, presentes o futuros, libres o condicionados), allá una intervención redistributiva directa, más allá dejar hacer a los ciudadanos." (Aguilar Villanueva, 1996, p. 32).

Con base en lo mencionado, el proceso amplio de la aplicación de las políticas públicas, es decir, contemplando sus cuatro grandes etapas, diseño, elaboración, implementación y evaluación, precisamente por su carácter público, ofrece una amplia gama de estrategias de acción, que llevan implícita la corresponsabilidad entre el gobierno y los gobernados.

Las políticas públicas implican también actividades de comunicación pública a la implementación de estrategias, convirtiéndose en un conjunto de actividades posteriores a la toma de decisiones iniciales que les dan origen (actividades retrospectivas), a través de las cuales es posible proveer de elementos evidénciales, argumentativos y de persuasión, todos ellos necesarios para la obtención de consensos.

En síntesis, una política pública, implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos y/o, a la obtención de mayores niveles de bienestar social, resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos señalados.

Evaluación de las Políticas Públicas.

Como se ha visto, dentro del proceso de aplicación de políticas públicas, los procesos mismos de toma de decisiones son de particular relevancia; Éstos implican, seleccionar de entre diferentes políticas, aquellas que se ajusten mejor a los objetivos buscados, con base en criterios previamente definidos. Esta selección, requiere de evaluar las distintas alternativas existentes en relación con sus resultados previstos o ante la alternativa de no llevar a cabo acción alguna, de tal manera que sea posible elegir la mejor o más aceptable de las alternativas existentes.

La fase de evaluación de una política pública no es un proceso lineal, es de hecho una parte componente de un proceso cíclico de configuración de la propia política. Así como cada individuo toma decisiones sobre los distintos aspectos de su vida, que lo llevan a evaluarlas constantemente y a funcionar con base en los resultados obtenidos, en el campo de las políticas públicas, la evaluación representa los niveles esperados y los ocurridos de rendimiento.

La estructura de las Políticas Públicas son de hecho un ciclo; como tal, dentro de cada fase, el proceso cíclico mismo se repite, por lo que es posible considerar que en la fase de evaluación existen dos etapas prioritarias, la de decisión y la de aplicación (implementación).

La decisión en la evaluación se da, ya que existen diversas opciones de qué y cómo evaluar y, la aplicación sucede una vez tomada la decisión de como evaluar, ya que se procede a ejecutar lo previsto.

La evaluación de políticas públicas, representa poder valorar la política desde su inicio hasta su final permitiendo entonces, que las acciones u omisiones del Estado, que provocan consecuencias positivas o negativas en la sociedad, puedan mitigarse, incrementarse o neutralizarse para resolver el problema que les dio origen.

Asimismo, la evaluación en las políticas públicas, facilita la posibilidad real de aplicación de los conceptos de "rendición de cuentas" y de "límites y contrapesos" en la sociedad, permitiendo que ésta tenga la capacidad efectiva de exigir a las autoridades públicas que expliquen sus acciones, por supuesto, mediante un marco jurídico e institucional que sustente y posibilite el cumplimiento de esta exigencia. Dicho de otra manera, la evaluación de las políticas públicas funge como un medio de control sobre los ejecutantes de programas gubernamentales y tomadores de decisiones públicas.

Con la afirmación anterior, se puede asentar que a la luz de un método de evaluación, el desarrollo de las políticas públicas, los programas o los proyectos, pueden ser reprogramados y perfeccionados bajo la vigilancia de la sociedad en general, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y población beneficiaria.

La evaluación es en síntesis, una actividad que tiene por objeto maximizar la eficiencia y eficacia de las políticas, programas o cualquier acción diseñada y/o implementada tanto por el gobierno como por cualesquier otra organización, para con ello, lograr la obtención de sus fines particulares y el uso apropiado de los recursos obtenidos.

Evaluación de políticas.

Evaluación descriptiva.- Se basa en la elaboración de un inventario de los efectos de la intervención pública, analizando los efectos o variaciones entre un estado inicial y uno final. Su intencionalidad es de carácter exhaustivo y neutral en términos de no proporcionar consideraciones éticas – valorativas.

Es decir, el resultado de esta evaluación, no juzgará si la política es un éxito o un fracaso, sólo informará los datos obtenidos de ella; ejemplo, número de individuos de cierto rango de edad y género en un periodo y lugar determinado. Utiliza técnicas muy variadas, como muestreos, encuestas, cuestionarios, etcétera.

Evaluación Clínica.- Explica por qué en la aplicación de una política, algunos objetivos se alcanzan y otros no, midiendo la efectividad de la política con base en los objetivos de la misma y usando un razonamiento deductivo. Las técnicas que más utiliza son tres: a) la encuesta estadística; b) la evaluación sumaria (antes y después); y c) la evaluación formativa (seguimiento progresivo). Los valores aceptados son los propios de la política evaluada, dados por la autoridad responsable.

Evaluación Normativa.- Califica la política con base en normas externas, aunque el evaluador puede definir sus propios objetivos, con relativa independencia de los oficiales; mide la eficiencia, eficacia, equidad y pertinencia con base en definiciones y reglas propias; utiliza un razonamiento deductivo y las técnicas están sujetas al criterio del evaluador, así como los valores aceptados, aunque con normas y principios establecidos formalmente y con anterioridad a la evaluación.

Evaluación Experimental.- Controla científicamente los efectos concretos de una política a partir de sus objetivos oficiales, comparando al grupo afectado por la política con otro de referencia o control y utilizando un razonamiento inductivo, con técnicas sustentadas básicamente en grupos de control elegidos aleatoriamente y en aquellos no equivalentes desde el punto de vista estadístico. Los valores de verdad se basan en todo aquello verificable a través de la experiencia.

Evaluación Pluralista.- Establece análisis colectivos y permanentes con la finalidad de mejorar la aplicación de la política con el acuerdo de los involucrados y de los propios objetivos generales de la misma. Utiliza el razonamiento inductivo con una noción de consenso que define los criterios de efectividad, eficiencia, equidad y adecuación. Asimismo, las técnicas utilizadas derivan de la elección hecha por una comisión plural y en conformidad con las necesidades del caso. Este tipo de evaluación se sustenta en modelos como: el lógico, el experimentalista, el pluralista y el demográfico; definiendo los valores aceptados por los propios actores a partir del contexto.

Evaluación Cualitativa.- Los resultados de la evaluación se crean a través de utilizar criterios provenientes de diversas percepciones, por ejemplo, hacer preguntas sobre algún tema en particular con opciones muy concretas de respuesta múltiple como: a) bueno, b) regular, c) malo.
Evaluación Cuantitativa.- Utiliza indicadores elaborados previamente y que posibilitan el ser contabilizados numéricamente. Sus resultados son todos cuantificables: edades, tallas, pesos, etcétera.

Los tipos de evaluación antes señalados son solamente algunas de las posibles categorías que el evaluador puede utilizar en su camino por encontrar la metodología apropiada o construir la propia, lo cual es igualmente válido si se cumplen los requisitos que para cada caso los sujetos de la evaluación y el evaluador hayan planteado, sin perder de vista que siempre deberá haber características universales de valor implícitas, tales como la objetividad, la imparcialidad en el análisis y, la honestidad en el manejo de información y resultados.

El proceso metodológico de la evaluación de las políticas públicas.

Cuestionamientos básicos en la evaluación de las políticas públicas.

Los aspectos más comunes en materia de evaluación de políticas públicas tienen que ver con las siguientes preguntas:

¿Quién Evalúa?
Es necesario identificar la existencia y disponibilidad de instancias o medios que puedan asumir la actividad de evaluación, por ejemplo: las propias instituciones solicitantes a través de áreas especializadas en el tema o en el control de los procesos dentro de la administración pública, los centros de investigación y generación de conocimiento, instituciones privadas, organismos de la sociedad civil, especialistas, asociaciones diversas, grupos de presión, etcétera.

¿Dónde se sitúa el evaluador?
Existen dos maneras genéricas de definir la posición del evaluador dentro del proceso, la primera es cuando el evaluador forma parte del equipo solicitante de la evaluación o de la política a evaluar; en este caso estamos hablando de que el evaluador asume una posición interna. El caso opuesto, será cuando el evaluador sea un agente externo a la política o grupo solicitante.

¿En qué momento se realiza la evaluación?
En principio esta pregunta está enfocada a poder definir si la evaluación se hará antes, durante o después de la aplicación o implementación de la política, programa o acción a ser evaluada; sin embargo también refiere al hecho de buscar la pertinencia de la acción de evaluar durante los tiempos y espacios convenientes, en conformidad con las necesidades del propio asunto o acción a ser evaluado y de sus solicitantes.

¿Cuál es el objetivo de la evaluación?
Implica poder identificar con la mayor claridad posible que es lo que se quiere evaluar, sus fines, propósitos, metas y resultados esperados, para con ello poder hacer la mejor elección posible de los métodos, procedimientos y recursos requeridos.

¿De qué manera se llevará a cabo la evaluación?
Esto consiste en definir y elaborar los conceptos y métodos que permitirán al evaluador o grupo de evaluadores, describir, explicar y valorar de forma científica, los resultados de la acción gubernamental. Es este el momento central de la evaluación, en donde se llevarán a cabo todos los estudios, trabajos e investigaciones necesarios para cumplir con el o los objetivos propuestos.


La evaluación de las actividades gubernamentales, es una actividad relativamente reciente en el mundo entero; en nuestro país, lo es más aún, especialmente cuando la evaluación se lleva a cabo a través de objetivos claramente definidos y utilizando criterios, valores y métodos sistemáticos.
Es realmente a partir de la década de los setentas, que las evaluaciones antes descritas, forman parte de los programas oficiales y se integran a la vida institucional del Estado en algunos países, alcanzándose obviamente distintos niveles de desarrollo en cada caso.

A continuación exploraremos de manera muy sintética y descriptiva, algunos casos representativos de los niveles más altos reconocidos internacionalmente hasta ahora, en términos de la aplicación eficiente de la evaluación del desempeño de la actividad pública de sus gobiernos.

Al analizar comparativamente a estos países democráticos, se verá que el origen principal de las diferencias en los procesos y métodos de evaluación, radica en las características de cada sistema político, así como en los marcos constitucionales que los encuadran.

R. C. Rist, propone analizar los orígenes de las diferencias en la evaluación entre las distintas naciones, al distinguir cinco áreas ubicadas en el marco institucional, mismas que para él resultan ser las más significativas para explicar las variaciones internacionales, estas son:

El grado de centralización o fragmentación del sistema o la organización que se encarga de practicar la evaluación.

El grado de independencia de las unidades de evaluación respecto a los ejecutores de la política evaluada y al carácter interno o externo de las evaluaciones.

El destino final de los resultados de la evaluación y de los informes que formulen sus encargados.

El acceso a la información sobre las conclusiones de las evaluaciones por parte de los demás actores sociales.

El nivel de integración de las evaluaciones con la función que desempeñen tradicionalmente, dentro de la organización general de la administración pública federal, el auditor, revisor o contador de las cuentas gubernamentales.


En conclusión, las políticas públicas son un proceso dinámico y cíclico (ya que las etapas que lo constituyen se repiten constantemente), a través del cual se pretende encontrar la mejor solución posible a un problema de carácter público.

Este proceso dinámico y cíclico está compuesto de cuatro etapas, la del diseño, la de la elaboración, la de la implementación y la de la evaluación
Cada una de estas etapas tiene una función, objetivos y métodos de funcionamiento propios, todo lo cual al operar conjuntamente, nos permite identificar adecuadamente el problema a tratar, con sus actores, contexto, dinámica, y todo aquello que resulte necesario conocer para poderlo resolver.

Posteriormente, podremos definir el o los objetivos, metas, estrategias y acciones concretas a seguir en el proceso de lograr su solución.

Más adelante, será factible poder implementar (aplicar ó llevar a cabo) todo lo planeado, para lo cual resulta indispensable conocer a través de qué medios, con qué recursos, con cuáles instrumentos, a través de qué instituciones o actores y en qué tiempos, deberá aplicarse cada parte del proceso previamente elaborado.

Por último, nos será posible evaluar (valorar el éxito de nuestro proceso de políticas) todo lo hecho hasta ahora, incluso a la propia etapa de evaluación, con lo cual sabremos si hemos o no, empleado el método evaluatorio apropiado.

Todo lo anterior, implica que una vez concluido nuestro proceso, deberíamos saber que partes de éste no fueron del todo eficientes y poder determinar cuáles deben ser los pasos a seguir para corregirlas, comenzando nuevamente el proceso.

Justamente, esta es la parte cíclica, que también se repite al interior de cada etapa, mejorando paulatinamente las propuestas, métodos y procesos aplicados, es de hecho una forma compleja de la teoría básica de ensayo y error, presuponiendo por supuesto, que los problemas o aquello sobre lo que se quiera incidir a través de la aplicación de una política pública, pueda solucionarse en el menor número de aplicaciones posibles.

Ahora bien, por lo que respecta particularmente a la etapa de evaluación de las políticas, resulta evidente, que esta sola etapa por si misma, tiene una gran relevancia ya que permite identificar cuales son precisamente aquellos aspectos ineficientes en nuestro proceso y que es necesario modificar.

Asimismo, a través de la evaluación constante de cada etapa y del conjunto de éstas, habrá un mayor control sobre el proceso de políticas, de tal manera que cada vez más habrá menos errores.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que cada día más, los procesos de toma de decisiones respecto de los asuntos públicos, se ven permeados por una participación cada vez mayor de la ciudadanía, sabremos lo relevante que es para cualquier nación en pleno proceso de democratización y liberalización social, el contar con mecanismos eficientes de "rendición de cuentas" y de "límites y contrapesos", tal y como sucede con el procedimiento de evaluación de políticas públicas.

Como última reflexión, quizás valga la pena mencionar que tanto los procesos metodológicos del conjunto de las etapas de las políticas públicas como los de cada una por separado, pueden desarrollarse indistintamente por cualquier sector social, lo que importa es lograr tener muy en claro, el tipo de problemas a resolver, los objetivos a alcanzar, los recursos con los que se cuenta (refiriéndonos al sentido amplio de la palabra, tiempo, personal, capital, equipo, etcétera), el dominio del tema, la información existente, etcétera. Con lo cual, en términos laxos, debería ser posible la aplicación, sin restricción del ámbito o sector social, los procedimientos de políticas y particularmente el de evaluación.
VIRMARTE DA SILVA
C.I. 12.953.867

No hay comentarios: